Epegtumatai

Una niña awajún sufre una violación por parte de un familiar o un maestro de su escuela. Frente a la desgracia, la madre tiene dos opciones: Acudir a su propia comunidad en búsqueda de epegtumatai (justicia, en awajún) o ir a la justicia ordinaria para que se tutele los derechos de su hija. La primera alternativa — la justicia en la comunidad — hará que el culpable reciba una sanción que va desde tres meses hasta un año de calabozo, deberá pagarle a la familia de la menor de edad un monto que en promedio es de 2 mil soles, y someterse a un tratamiento de rehabilitación con el uso de medicina tradicional (tabaco, ayahuasca y otros). La segunda alternativa — la justicia formal del Estado peruano — señala que el culpable recibirá hasta cadena perpetua (sin beneficios penitenciarios) en una prisión lejos de la comunidad, y la víctima tendrá una reparación civil de cuatro mil soles aproximadamente.

Si solo tomamos en cuenta la información proporcionada en el párrafo anterior, ¿a cuál de las dos justicias acudiríamos nosotros si fuésemos esa madre awajún? Probablemente la segunda alternativa sería elegida de forma unánime: Es la que mayor sanción y mejor reparación establece para este crimen execrable. Sin embargo, hace pocos días me reuní en la amazonía con lideresas awajún de las cinco cuencas del Marañón, y la respuesta fue unánime y contundente: preferían la justicia comunal.

¿Cuál es la explicación para ello? Pues que no basta con esa información para entender las grandes diferencias entre ambos tipos de justicia. Hay que incluir en el análisis por lo menos tres elementos más: el tiempo, las distancias y los actores involucrados en la impartición de justicia.

Las distancias. Trasladarse de algunas de las comunidades que se encuentran en la provincia de Condorcanqui a la capital Santa María de Nieva, no es fácil pero es absolutamente necesario si se quiere acceder a la justicia formal. Esto puede tomar media hora, seis horas, o días enteros, dependiendo de la comunidad en la que te encuentras y la manera en la que consigas movilizarte. Pero llegar a Nieva no pone fin al trayecto: Si bien ahí se encuentra el Centro de Emergencia Mujer, la Policía y el Ministerio Público (a los cuales habrá que acudir varias veces a lo largo del proceso), el médico legista y la cámara gessel más cercanos se encuentran en Bagua, a más de cuatro horas de ahí en carro. Sumando todo, resulta una gran cantidad de kilómetros recorridos que deberá costear la víctima para llegar a ese Estado formal del cual todos somos parte. En la justicia comunal, el apu se encuentra en tu propia comunidad, a pocos metros de distancia.

Los actores. La provincia de Condorcanqui cuenta con cincuenta y cinco mil habitantes, y solo doce policías, tres fiscales y un defensor público (abogado de oficio) en todo el territorio. Y ese defensor público no es defensor de víctimas, sino defensor penal. Es decir, el único abogado gratuito que provee el Estado en la provincia de Condorcanqui — provincia con 73.4% de sus ciudadanos en la pobreza — se dedica a patrocinar a los acusados y no a defender los intereses de las víctimas. A ello hay que sumar la falta de mirada intercultural en los procedimientos y procesos a lo largo del caso. Por ejemplo, no existen protocolos adaptados a la cosmovisión awajún a la hora que la víctima tiene que pasar por el médico legista; ello obliga a la niña que ha pasado por el trauma del abuso a enfrentar un indolente procedimiento médico ajeno a sus costumbres. Mientras que en la justicia comunitaria el apu es alguien con quien comparte lengua y tradiciones, y él será el responsable de impartir justicia, sin pasar por procedimientos que podrían revictimizarla.

Con estos elementos adicionales, y tomando en cuenta que ninguna de las dos alternativas garantiza un resultado favorable a la víctima, le vuelvo a hacer la misma pregunta que al inicio de este artículo: Si fuésemos la madre de esa niña awajún, ¿a cuál de las dos justicias acudiríamos? Sospecho que la respuesta puede haber cambiado.

La justicia comunal está lejos de ser perfecta. Muchas veces no existe una real conciencia por parte del apu de la gravedad de lo ocurrido: a veces se considera que el daño es que la niña quede embarazada, pero no necesariamente se considera las consecuencias físicas y psicológicas que la violación tienen en la víctima. También ocurre que puede haber impunidad debido a las relaciones que el victimario tiene en la comunidad, o que se decida no creerle a la víctima, o se le presione para que retire la denuncia y evite más problemas. Incluso puede suceder que la sentencia nunca se cumpla. Y aún así, las líderes awajún prefirieron de forma unánime este sistema imperfecto que el que le ofrece formalmente el Estado peruano. Porque en ese sistema imperfecto, ellas pueden luchar, y saben dónde se encuentra la epegtumatai. La justicia. Mientras que en el distante y enrevesado sistema formal, diseñado para otros, parece que esa palabra no es entendida. Y no solo por no hablar el mismo idioma.

La situación de crisis actual de la judicatura abre una ventana de oportunidad para cambiar de raíz la manera cómo impartimos justicia en el país. Pero ello pasa por entender que no es sólo un problema normativo, de corrupción o de personas que integran el sistema, es también un problema de cómo el Estado se relaciona con sus ciudadanos, y qué valoración le brinda a lo que están viviendo.

Todos los servicios, protocolos, cronogramas en un proceso judicial de esta naturaleza deben estar pensados desde la raíz en esa madre awajún y su niña — o en los miles de casos similares a nivel nacional — que se movilizan con gran esfuerzo para perseguir al Estado para que cumpla con su deber de tutela. Ese dolor y esa vulnerabilidad, pero también esa resiliencia y esa esperanza deben impregnar juzgados y fiscalías, para superar cualquier barrera formalista y acabar con la impunidad. Solo así lograremos cambiar de verdad la justicia en nuestro país. Para todos.

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(Perú, 1986). Excongresista. Pro familias (todas).

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde

(Perú, 1986). Excongresista. Pro familias (todas).

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