Empresas BIC, desarrollo sostenible y capitalismo consciente
El Congreso aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley que presenté para brindar identidad jurídica a las empresas de beneficio e interés colectivo. Las denominadas empresas BIC — también conocidas como empresas con propósito — buscan contribuir a la solución de los problemas sociales y ambientales de la comunidad a través de su modelo de negocio, sin renunciar al fin de lucro que toda actividad empresarial tiene.
Empresas textiles ambientalmente sostenibles, industrias cafetaleras con comercio justo, restaurantes que promueve la asociatividad en sus cadenas productivas, agencias de ecoturismo que se trabajan con las comunidades altoandinas. Todos ellos son ejemplos de empresas BIC, donde ganar dinero va de la mano con la promoción del bienestar de las personas y el ambiente.
La ley BIC se inserta dentro de una mirada más amplia del rol que debe cumplir el sector privado en el desarrollo sostenible de los países. Rol que fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mismo documento en el cual se establecían los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: “La actividad empresarial, la inversión y la innovación privadas son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación de empleo. (…) Exhortamos a todas las empresas a que aprovechen su creatividad e innovación para resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible”.
Desde el sector privado hay actores que ya han asumido este reto con gran proactividad. El movimiento por el capitalismo consciente nace del propio mundo empresarial y del reconocimiento de que se debe hacer más a favor de la sociedad. Uno de sus principios es el propósito superior: “reconocer que cada negocio tiene un propósito que va más allá de generar beneficios económicos”.
En su libro sobre capitalismo consciente, John Mackey — CEO de Whole Foods Market — señala: “Un día, prácticamente todas las empresas operarán con un sentido de propósito superior, integrarán los intereses de todas las partes interesadas, desarrollarán y elevarán líderes conscientes y construirán una cultura de confianza, responsabilidad y afecto”. ¿Qué debe hacer el Estado frente a ello? Eliminar cualquier prejuicio hacia la actividad privada y facilitar que esta tendencia se desarrolle y consolide en nuestro país. La aprobación de la ley BIC es un buen paso en ese camino.
(Artículo publicado originalmente en El Reporte, el 01/11/20)
