Declaración de principios de la Bancada Liberal
Los congresistas abajo firmantes constituímos la Bancada Liberal, compartiendo valores inspirados en el republicanismo liberal. Consideramos fundamental asegurar, a través de nuestra acción política, que el fin supremo de la sociedad y del Estado sea la defensa y promoción de los derechos y libertades ciudadanos, y la consecución de su prosperidad y felicidad. A continuación, los principios rectores de nuestra conducta parlamentaria.
1. Defensa de la democracia y la sociedades abiertas.
Los valores y prácticas democráticas deben defenderse en cualquier parte del mundo, asegurando el respeto irrestricto a las libertades individuales y políticas, teniendo al ciudadano como centro y fin del Estado. Nos oponemos a toda forma de autoritarismo de derecha o de izquierda, así como a las prácticas y proyectos populistas que a través de la demagogia y la desinformación alimentan la intolerancia y amenazan a las sociedades abiertas en el mundo. En esa línea, creemos que las sociedades abiertas tienen a Internet como un aliado fundamental al permitir la democratización del acceso a la información y la comunicación; por ello, es clave que se garantice el derecho de acceso a un Internet libre y abierto, eliminando las brechas, promoviendo la alfabetización digital, y rechazando cualquier intento de censura.
2 Consolidación del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho se sustenta en el respeto a la Constitución; especialmente en el control del poder, la independencia del sistema de justicia, la seguridad jurídica, la tutela de derechos y el respeto pleno a las libertades. de información. Como congresistas liberales, nos comprometemos a promover la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país, y a enfrentar cualquier amenaza que se presente contra éste.
3. Respeto de los Derechos Humanos.
Seguiremos luchando por el pleno respeto a los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas que permiten que todas las personas puedan buscar su propia felicidad con igualdad de oportunidades. El Estado debe prestar especial atención a los grupos vulnerables para asegurarse de que nadie sea excluido, entre los que se encuentran: Los más pobres, que que deben poder acceder a servicios básicos de calidad; las mujeres, quienes tienen el derecho de desarrollarse libres de violencia machista; los adultos mayores, a quienes se le debe garantizar una vejez digna; los pueblos indígenas, cuyos territorios y formas de vida deben ser respetados; las víctimas de la violencia vivida en el país durante las décadas de los ochenta y noventa, que merecen ser atendidas en sus demandas de verdad, justicia y reparación; las personas con discapacidad, en su justa aspiración a una vida lo más autónoma posible; la comunidad LGTB+, cuyo reconocimiento y protección es fundamental para su acceso a la felicidad. Para hacer realidad estas reivindicaciones consideramos fundamental que el Perú continúe siendo un actor importante en los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y cumpla con sus decisiones y recomendaciones.
4. Promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Mención aparte merece la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todo congresista comprometido con los principios liberales y republicanos debe tener en cuenta que en los primeros años de vida se desarrollan — o dejan de desarrollar — las capacidades humanas que nos permiten ejercer y disfrutar plenamente de nuestra libertad a lo largo de nuestras vidas. Por ello, el Estado y la sociedad deben priorizar en sus políticas de inclusión social a esta población, comprometiéndose con la eliminación de la anemia y la desnutrición, la alimentación saludable, la promoción de una formación humanista e integral, y la erradicación de toda forma de violencia.
5. Reducción de brechas en el Estado
El compromiso es tratar de revertir las brechas. que limitan las posibilidades de prosperidad de todos los peruanos. Ello con especial énfasis en salud y educación, pero también en infraestructura para la integración y el desarrollo económico. Las brechas están reñidas con un país moderno como el que queremos y podemos tener. Esta reducción de brechas debe realizarse con un enfoque de derechos, una mirada descentralista y un claro compromiso con la transparencia y el buen uso de los recursos de todos los peruanos.
6. Fomento de la cultura nacional
Legislaremos a favor de nuestro patrimonio cultural — material e inmaterial — reafirmando que la cultura es la base de una sociedad que aspira a estar más integrada. En esa línea, consideramos de vital importancia que todo ciudadano peruano se sienta representado por el Estado, con el respeto y difusión que merecen las lenguas, tradiciones, música y arte de las culturas originarias de la costa, sierra y selva. Asimismo, creemos que la expansión de nuestras industrias culturales y creativas son pieza clave del desarrollo económico y humano de nuestra sociedad. También debemos señalar nuestro compromiso con los esfuerzos por profesionalizar el arte e implementar la enseñanza y divulgación del folclor nacional, así como con las políticas públicas destinadas a promover el hábito y la comprensión lectora en todo el país.
7. Lucha contra el cambio climático y promoción del ambiente equilibrado
El mundo vive un momento crítico debido a la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y los efectos del cambio climático. Es necesario denunciar la falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección del ambiente, buscando la implementación de buenas prácticas con estándares adecuados que promuevan el desarrollo sostenible. La bancada liberal se compromete a trabajar en favor de una política nacional contra el cambio climático, que promueva la mitigación y adaptación a este fenómeno bajo una gestión integral articulada desde el Estado.
8. Defensa de la Economía Social de Mercado
Ratificamos nuestra convicción de que la prosperidad nacional depende de la existencia de una economía social de mercado, competitiva, plenamente integrada al mundo, en la que se respeten escrupulosamente los equilibrios macroeconómicos y se promueva la inversión privada. El crecimiento económico descentralizado de los últimos años y la mejora social que lo ha acompañado –traducida, entre otros, en la reducción de la pobreza y la desigualdad — han sido posibles gracias a la economía de mercado. En ese esquema, es fundamental fortalecer el rol del Estado para garantizar la libre competencia, eliminando las barreras burocráticas y asegurando el castigo oportuno a los abusos de posición de dominio, concertación de precios y otras conductas anticompetitivas. Nos oponemos a las iniciativas de populismo económico, que, por un lado, incrementan el gasto público y, por el otro, han llevado a la recaudación a sus niveles más bajos en los últimos lustros — , pues están poniendo en peligro la estabilidad. Creemos necesario continuar apostando por la agenda de competitividad, la diversificación de aparato productivo, las políticas de estabilidad monetaria, la formalización de nuestra economía, la promoción del empleo digno, así como apostar por el desarrollo de la ciencia y tecnología.
9. Profundización de la reforma del Estado
Alentaremos incansablemente los esfuerzos para reformar el Estado y reducir el déficit institucional, que consideramos tan grave como el social. Este déficit es especialmente apremiante en la seguridad y la justicia, el servicio civil y el sistema político y electoral. Insistiremos en el retorno a la bicameralidad, el fortalecimiento de los partidos políticos y su financiamiento público, y la adopción de medidas para evitar el ingreso de dinero sucio en la política. Otras reformas importantes de cara al bicentenario son la laboral y la del sistema de protección social –salud, pensiones y seguro de desempleo — , ambas fundamentales para reducir la informalidad. A quince años de haberse iniciado, el proceso de descentralización amerita un balance técnico y político, que nos permita tener claridad sobre cómo profundizarlo, evitando los desbordes de corrupción que se han presentado. Seguiremos trabajando para hacer realidad el ingreso del Perú a la OCDE, por cuanto nos ofrece una oportunidad inmejorable para adecuar nuestros estándares institucionales a los de los países más avanzados.
10. Impulso de la integridad pública
Lucharemos contra la corrupción, la principal lacra de la vida pública nacional y el gran pasivo de la democracia peruana de este siglo. Alentaremos el profesionalismo y la meritocracia en la administración pública, así como la mayor transparencia en el uso de los recursos, el acceso a la información y la participación ciudadana, como los mejores antídotos a la corrupción, sobre todo en las adquisiciones y los grandes proyectos de infraestructura. Otorgaremos especial atención a la lucha contra la corrupción en las instituciones encargadas de investigarla y sancionarla, que pasa por garantizar su profunda reforma y modernización, y el nombramiento de líderes probos, independientes y competentes para que las dirijan.
11. Defensa de la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia
Continuaremos alentando los esfuerzos en marcha para mantener la ofensiva contra el crimen organizado –especialmente el vinculado a las extorsiones, el sicariato, el tráfico de terrenos y el robo agravado — , en el marco del imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos. Seguiremos apoyando las acciones contra las economías ilegales que erosionan nuestra sociedad y nuestra democracia, como la trata de personas, el narcotráfico, la minería ilegal, y la tala ilegal de madera. Asimismo, respaldaremos el enfoque local para enfrentar el delito que se encuentra en nuestras calles, buscando la articulación de la policía y el serenazgo con los actores vecinales, tanto en las ciudades con las juntas vecinales como en el campo con las rondas campesinas. Impulsaremos la reforma integral del sistema de justicia que garantice el orden y el respeto de la ley, de manera oportuna y eficiente.
Finalmente, en una coyuntura de gran polarización política y desprestigio del Parlamento, nos proponemos ser una fuerza política que aporte y construya, sin dejar de denunciar situaciones de abuso o corrupción, reivindicando nuestro rol como representantes de la ciudadanía. Sumaremos esfuerzos con los partidos y movimientos políticos democráticos que en mayor o menor medida coincidan con estos principios, para avanzar hacia el Perú moderno, socialmente integrado y justo que aspiramos construir. Apoyaremos toda iniciativa legislativa o acción de política pública del Poder Ejecutivo que coincida con estos postulados, reservándonos el derecho de actuar como oposición política responsable cuando ello no ocurra. Continuaremos facilitando el más pronto acceso de los gobiernos regionales y municipales, y las organizaciones de la sociedad civil, a las más altas instancias de decisión pública para la atención de sus demandas y propuestas.
Lima, diciembre del 2018.
Gino Costa, Alberto de Belaunde, Guido Lombardi, Francesco Petrozzi, Vicente Zeballos.
